México inicia 2018 con una mala imagen entre inversionistas bursátiles de Nueva York | Agenda de Inversiones

México inicia 2018 con una mala imagen entre inversionistas bursátiles de Nueva York

NUEVA YORK, EU.- Los corredores bursátiles, que destinan recursos de sus clientes a mercados emergentes (donde tradicionalmente obtienen buenas ganancias), iniciaron 2018 con una mala imagen de México. Y es que Moody’s Investors Service les envió sendos documentos, análisis y consideraciones, en los que redujo la calidad crediticia de México de “estable” a “negativa”, por “los crecientes niveles de endeudamiento e incertidumbre en torno a las elecciones” políticas.
En el documento, cuya copia tenemos en nuestro poder, Moody’s señala que en este año, 19 de los 29 gobiernos soberanos latinoamericanos (66%) tienen perspectiva estable, dos (7%) tienen perspectiva positiva, seis (21%) tienen perspectiva negativa y dos (7%) están en revisión para una posible baja de calificación. Las mayores economías de la región, Brasil (Ba2 negativa), México (A3 negativa) y Chile (Aa3 negativa), están incluidas entre los países con perspectiva negativa.
Al respecto, Ariane Ortiz-Bollin, Assistant Vice President de Moody’s, nos dijo: “los bancos centrales seguramente mantendrán políticas monetarias acomodaticias, ya que las presiones inflacionarias permanecerán contenidas en la mayoría de los países. Factores políticos domésticos podrían impulsar volatilidad en los mercados financieros”. En palabras más simples, los bancos centrales, como Banxico, no tienen mucho margen de maniobra, y lo único que pueden hacer es aumentar el nivel de las tasas bancaria (dinero más caro) para enfriar la economía. Y en cuanto a la volatilidad del mercado, los “factores políticos domésticos” a lo que se refiere Moody’s son las elecciones presidenciales de este año.
Por supuesto, a los inversionistas estadounidenses les interesa mucho saber quién gobernará el país en los siguientes seis años, y en especial conocer cómo, el nuevo presidente de México, resolverán los dos principales desafíos: mayores demandas sociales y menor disponibilidad de recursos fiscales.

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