En Tabasco, las mayores violaciones a la libre determinación de los pueblos indígenas. | Agenda de Inversiones

En Tabasco, las mayores violaciones a la libre determinación de los pueblos indígenas.

A pesar de que en tratados y convenios jurídicos (OIT, ONU, OEA), que son vinculantes para el Estado mexicano, y que incluso en la Constitución está estipulado el derecho a la libre determinación de los pueblos que comprenden el deber del Estado de no interferir en las decisiones internas de los pueblos indígenas, en Tabasco se están violando todos estos acuerdos al querer imponer delegados en contra de los usos y costumbres de los pueblos originarios, dijo Candelaria Lázaro gobernadora del Gobierno Nacional Indígena de México (GNIM).
En Tabasco, a través del Decreto 299, las autoridades municipales quieren designar a delegados pasando sobre los derechos de las comunidades indígenas. La forma que ejercen el cargo las autoridades tradicionales es muy distinta a la forma en que ejercen las autoridades elegidas democráticamente por el Estado. La autoridad indígena es cargo honorario, y el de autoridad estatal es remunerado; el primero son electos mediante una asamblea general, el segundo mediante un proceso electoral y este representa el interés del partido que lo postula y por el otro, el interés Estatal y no el verdadero interés del pueblo como si lo son de las autoridades tradicionales.
Razón por la cual ante las violaciones graves a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, la comunidad internacional instrumentó tratados y convenios para garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, entre los que destacan: el Convenio Núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Declaración Americana Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Documentos jurídicos que los estados se comprometen a respetar, proteger y a garantizar los derechos de los pueblos indígenas, dichos tratados y convenios son vinculantes para el estado mexicano.

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