VERACRUZ, Ver.- Por un momento pensamos que la ola de secuestros y muertos en el Estado de Veracruz, era una guerra entre narcos, y muchos de los periodistas fallecidos formaban parte de las ejecuciones para desprestigiar al gobernador en turno. Por supuesto, las fuerzas “vivas”, como se les llamaba tiempo atrás a las organizaciones civiles, empresariales y estudiantiles siempre lo negaron y siempre denunciaron la ingobiernabilidad del Estado, y hoy que la Universidad Veracruzana encara al poder político en la entidad, vemos la otra cara de la moneda.
Hace unos días, un ilustre catedrático de esta casa de estudios expuso que Veracruz no goza de una economía socialmente justa y ocupa el segundo lugar con el mayor número de pobres. Además, la deuda contratada por el actual Gobierno -dijo- es desproporcionada y no corresponde a las obras sociales realizadas. La respuesta del Gobierno de Duarte, por supuesto, fue iracunda y retó a los académicos a encararse con el poder político de la entidad.
Más rápidos, que no furiosos, la comunidad académica de la Universidad Veracruzana le respondió:
“No señor Gobernador, la deuda pública de Veracruz no es de 44,470.8 millones de pesos (mdp) Esa es solo una parte. Su deuda es por lo menos de 72,933.3 mdp, sin considerar: pasivos laborales, pasivos de pensiones, laudos laborales, cuentas de orden, préstamos quirografarios, garantías de pago oportuno y los pagos por contratos para la prestación de servicios, que si bien la ley no considera deuda, sí son montos que obligatoriamente debe pagar el Gobierno año con año por la prestación de ciertos servicios, lo que los convierte en un pasivo en la práctica presupuestal”.
“No señor gobernador, durante su gestión no solo se han solicitado créditos para la reestructuración de la deuda existente, también se han contratado créditos para otros fines.
Su Gobierno ha concertado 23 créditos por un monto de 39,798 mdp, de los cuales 19 se obtuvieron con la banca comercial y tres fueron emisiones de certificados bursátiles.
De estos 23 créditos, solo tres de ellos, por un monto total de 9,600 mdp se contrataron para reestructuración de la deuda, los restantes 19 créditos, por un monto de 30,198, se contrataron para inversión pública. Esto según la información que brinda la SHCP.”
“No señor gobernador, no toda la deuda pública que ha contratado podría considerarse apegada a la legalidad (aunque haya sido aprobada por el Congreso del Estado). Por dos razones:
La primera porque, justamente tal como usted lo ha dicho, durante su gestión se ha solicitado una reestructuración de la deuda, es decir, su Gobierno contrató deuda para pagar deuda, cosa que en su momento estaba prohibida por la Constitución que en su artículo 117 señalaba que los Estados y los Municipios, solo pueden contratar obligaciones financieras o créditos para destinarlos a inversiones públicas productivas. (Por falta de espacio, mañana seguiremos con el tema).
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