Ante los múltiples retrasos que ha tenido la Red Compartida Mayorista, la verdad, a muchos ya no les generó tanta sorpresa el nuevo diferimiento de la licitación. Lo que sí llamó la atención fueron las declaraciones de la subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe, en el sentido de que el Calendario de Despliegue no se modifica, lo que implica que en marzo de 2018 dicha Red estará obligada a cubrir al 30 por ciento de la población.
A pesar de que en este nuevo diferimiento todas las actividades de la licitación pública se recorrerán por un periodo de seis semanas, las obligaciones impuestas al operador que resulte ganador no correrían la misma suerte. El afortunado ganador contará solo con 14 meses –del 27 de enero de 2017 al 31 de marzo de 2018- para alcanzar, al menos, la obligación de la cobertura señalada.
Ahora bien, si este último diferimiento obedeció a que algunos de los presuntos interesados necesitaban mayor tiempo para avanzar en los trámites necesarios para el cierre de su financiamiento, alegando incluso fenómenos económicos como el Brexit, suena por demás absurdo que los interesados no tengan inquietudes de replantear sus compromisos de solventación de inversión.
Ya el primer mandato de la Constitución en el sentido de que la Red Compartida iniciaría su instalación en 2014, no se cumplió, ¿se cumplirá el segundo mandato, aquel que establece que dicha Red debe iniciar operaciones en 2018?
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