Lo mejor para un empresario, de cualquier ramo, es tener la certidumbre de que lo que está haciendo cuenta con el respaldo de la ley, en cualquiera de sus manifestaciones. Así, fue muy bien recibido por la industria farmacéutica el reciente anuncio de que la Cofepris, que lleva Julio Sánchez y Tepoz, liberó el 8º paquete de medicamentos innovadores, por lo que ya se cuentan 213 nuevas moléculas que atienden a 13 grupos terapéuticos relacionados con el 54 por ciento de las causas de mortalidad en México. La política farmacéutica, impulsada por el actual Gobierno, está directamente vinculada con los procesos de innovación y acceso a medicamentos, lo que genera un impacto positivo en la esperanza de vida de la población.
Ambos temas se relacionan con el capítulo de Propiedad Intelectual (PI) incluido en el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), que facilitan tanto el desarrollo de medicamentos innovadores como la disponibilidad de medicamentos genéricos. El apartado incluye compromisos relativos a la protección de datos confidenciales de pruebas y otros datos presentados para obtener una aprobación para comercializar nuevos productos farmacéuticos.
Cabe resaltar que México ha recorrido un largo camino para tener un marco de propiedad intelectual similar a la de países de primer mundo, éste inició con la publicación de la Ley de la Propiedad Industrial de 1991, que contempló la patentabilidad de los medicamentos; pasando por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), en 1994; hasta la ratificación del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
Lo anterior le ha permitido a México lograr un digno sistema para proteger la propiedad intelectual de las empresas, pues como lo señala el “Índice Internacional de Propiedad Intelectual 2016” de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, si un país cuenta con un sólido esquema, en dicha materia, atraerá más inversión, pues las compañías destinan una derrama económica del 50 por ciento de su presupuesto hacia actividades de investigación y desarrollo de nuevas moléculas dentro del país en el que estén establecidas; asimismo, las naciones que protegen a la propiedad intelectual emplean a más de la mitad de su fuerza de trabajo, evitando una fuga de conocimiento hacia otros lugares.
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