Además de la escalada de precios por el impacto del gasolinazo, en el Estado de México los trabajadores son impedidos en el ejercicio de sus derechos por el propio Gobierno, ya que se les quiere cobrar por servicios que la ley establece como gratuitos y el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), que encabeza Tania Lorena Lugo Paz, quien quiere cobrar, aunque existan jurisprudencias que ordenan específicamente lo contrario. Es el caso de la inscripción de embargos a consecuencia de laudos. Según los entendidos en este tipo de asuntos, ello podría incluso convertirse en denuncias penales contra la titular de ese Instituto, sin contar con demandas por daño moral y acusaciones en instancias de derechos humanos del país y hasta internacionales. Seguro que eso no beneficiará la imagen del gobernador Eruviel ni la del PRI en general.
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