El consorcio Rivada arremetió nuevamente contra la SCT, pero la dependencia ya emprendió acciones legales en contra de esa empresa para reclamar los daños ocasionados por sus señalamientos. Y lo hará en EU, -donde el consorcio hizo sus comentarios- mediante la prestigiada firma de abogados Jones Day, uno de los despachos más reconocidos y respetados en aquel país.
Rivada -no hay duda- pretende desvirtuar el concurso de la Red Compartida, y anular el proceso para que su propuesta sea considerada nuevamente, luego de haber sido descalificada por no presentar en tiempo y forma la garantía de seriedad por mil millones de pesos a que los participantes estaban obligados en las bases.
Uno de los argumentos que esgrime Rivada es que el proceso estuvo amañado por parte de un funcionario adscrito a la Subsecretaría de Comunicaciones, encargada de organizar la licitación. Sin embargo, dicho funcionario dejó de prestar sus servicios más de medio año antes de la publicación de la convocatoria respectiva. Otro “razonamiento” de Rivada es la filtración de información confidencial para que el grupo ganador, el consorcio Altán, armara su propuesta, filtración avalada supuestamente por Deloitte, la firma de consultoría que acompañó a la SCT en el proceso de planeación del proyecto.
En fin, los argumentos de Rivada son endebles e infundados, y no podrá descalificar la Red Compartida, una de las licitaciones que más han sido cuidadas en términos de transparencia y normatividad; hecho reconocido públicamente por Transparencia Mexicana, testigo social del concurso, y por los propios participantes, incluido el mismo Rivada. Además, la Red Compartida es la primera Asociación Público Privada en el mundo en adoptar el Estándar de Datos para Contrataciones Abiertas del Banco Mundial.
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