Ahora que todo mundo dentro del Gobierno quiere lucirse atacando la corrupción, sería interesante que la subsecretaria de Economía, Rocío Ruiz, y el Órgano Interno de Control (OIC) de la SE, investigaran y determinaran si funcionarios de la Dirección General de Normas (DGN) violaron la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Funcionarios Públicos (LFRAFP), al elaborar para una empresa privada un proyecto de texto a modo en materia de nuevos requisitos de etiquetado de la NOM 142-SSA/SCFI-2014, y que la favorecen en detrimento de sus competidores.
Existen correos internos entre el director, Alberto Ulises Esteban Marina, y Karla Fernández Sánchez, directora de Normalización Internacional de la DGN, en donde el primero le indica a Sánchez Fernández hacer un escrito a favor de Grupo Modelo, para darle la vuelta a la interpretación de la Norma 142 que debió elaborar la empresa cervecera.
Los funcionarios explican a Grupo Modelo, de Ricardo Tadeu, cómo presentar la redacción del texto a fin de evadir la regulación que obliga a las empresas productoras de bebidas alcohólicas, a etiquetar sus productos especificando si fueron producidas en territorio nacional o importadas.
Al respecto, en septiembre pasado se presentaron ante el OIC dos quejas contra estos funcionarios, donde se documenta que hicieron uso de equipo federal, realizaron actividades fuera de sus facultades y utilizaron información de la SE para favorecer a esta empresa manejando, incluso, papel membretado.
Se solicita en las denuncias, que se investigue la actuación de estos funcionarios porque hay presunción de comportamientos violatorios de los artículos 8, 10, 11, 12 y 13 de la LFRAFP y que podrían constituir un ilícito por el ejercicio indebido de sus funciones. Por lo pronto, las quejas ya están en el escritorio de Jorge Romero Soto, titular del OIC de la SE.
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