Por cierto, el reporte de Unisys Security Index 2017 ofrece un dato contundente a propósito de los fraudes bancarios y el robo de identidad. De un total de 13 países consultados, México ocupa el segundo lugar en donde más ha aumentado la preocupación por la forma en que han crecido ambos delitos. En este contexto, llama mucho la atención el debate que inició esta semana por la determinación de un juez que suspendió la comercialización de la plataforma de video Roku, ya que tal como han reconocido sus propios directivos, presenta una serie de vulnerabilidades en su sistema operativo que la hace blanco de hackers.
Al amparo de Roku, se sabe, ha crecido toda una red delictiva que aprovechó la oportunidad para comercializar, distribuir e incluso publicitar abiertamente sus contenidos piratas. Toda una cadena de ilegalidad. Por ello mismo resultó oportuna la aclaración de la empresa Cablevisión, al precisar que la acción legal que interpuso no es contra Roku, sino contra aquellos que venden aplicaciones que dan acceso a contenido pirata, lo que trastoca los derechos de autor, la propiedad intelectual y perturba la competencia en la industria, en detrimento de los consumidores quienes finalmente terminan por exponer sus datos personales a terceros.
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