Preocupa a CEPAL incertidumbre económica en AL y el Caribe.

Los países de la región enfrentan dificultades e incertidumbres generadas por crisis globales en cascada (climática, de biodiversidad, salud, empleo, educación, seguridad alimentaria y costo de la vida), lo que impone grandes retos para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En el documento “América Latina y el Caribe, en la mitad del camino hacia 2030”, la Cepal señala que el bajo crecimiento de la economía mundial y las presiones inflacionarias, ambos derivados de la crisis ocasionada por la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y acentuados por el conflicto en Ucrania, han provocado, además, un aumento del endeudamiento externo, menor espacio fiscal y mayor volatilidad del sistema financiero global.
Después del repunte del crecimiento del PIB registrado en 2021 (6,7%) y de una expansión estimada de un 3,8% en 2022, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que el crecimiento de la región sería de un 1,2% en 2023. Sin embargo, la región parece estar en una trampa de bajo crecimiento de largo plazo, ya que la década terminada en 2023 será la de menor crecimiento (0,8% en promedio) desde 1950. Esta trayectoria de bajo crecimiento está relacionada con un bajo crecimiento de la productividad, pero también con el comportamiento de la inversión (en especial, la inversión pública), que se ha transformado en una limitante estructural del crecimiento de América Latina y el Caribe, toda vez que su reactivación sostenida es central para el crecimiento sostenible e inclusivo. El coeficiente de la inversión total en la región es de los más bajos del mundo y permaneció estancado en un nivel cercano al 19% del PIB en las últimas tres décadas.
Las condiciones macrofiscales de la última década tampoco han sido favorables para el logro de los ODS. Antes de 2020, la región mantenía déficits fiscales persistentes y elevados, especialmente en el caso de los países del Caribe, que, además, fueron afectados por sucesivos desastres de origen natural. La región enfrentó la irrupción de la pandemia de COVID-19 con una baja capacidad de respuesta, que elevó los déficits fiscales; sin embargo, a medida que los países han retirado los programas de emergencia que pusieron en marcha debido a la pandemia se ha reafirmado una tendencia generalizada a la consolidación fiscal. El bajo crecimiento económico ha sido causado en buena medida por un estancamiento de la productividad laboral y ha estado acompañado, como era de esperarse, por una baja creación de empleo de calidad, además de importantes asimetrías de género y etarias en los mercados laborales. La pandemia provocó en 2020 una contracción inédita del número de ocupados, de un 8,2%. El proceso de normalización de las actividades en 2021 y 2022 se tradujo en una recuperación de los niveles de ocupación anteriores a la pandemia, aunque permanece el reto de crear empleos de calidad; para 2022, la tasa regional de informalidad laboral promedio se estima en un 48,1%, con importantes diferencias entre las zonas rurales (76,2%) y las urbanas (44,8%).
La inflación en la región, al igual que en el resto del mundo, se ha incrementado. En junio de 2022 la inflación en 12 meses alcanzó un promedio regional de un 8,4% y, si bien desde entonces ha descendido, a un 6,5% a fines de 2022, todavía es 3,6 puntos porcentuales mayor que la registrada en diciembre de 2019.
Para enfrentar la mayor inflación, desde mediados de 2021 las autoridades monetarias de la región han adoptado políticas monetarias restrictivas y llevado adelante acciones en el ámbito cambiario. El aumento de la inflación plantea un dilema, pues, por un lado, reduce la capacidad adquisitiva de los consumidores, acentuando la pobreza y la desigualdad, pero, por otro, políticas monetarias restrictivas podrían incrementar la desaceleración de la actividad económica, al desincentivar el consumo y la inversión.