La Fundación Mary Street Jenkins demandará al gobierno de Puebla.

El organismo privado presentará denuncias penales contra quienes resulten responsables por diversos delitos federales, como es la persistente negativa a cumplir diversos mandatos por parte de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP) del Estado de Puebla. Cabe destacar que el pasado 16 de julio la Fundación Mary Street Jenkins obtuvo una suspensión de amparo otorgada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil con sede Puebla, para que el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), su administración y cuentas bancarias sean devueltas de forma inmediata al único patronato legalmente constituido que preside Margarita Jenkins de Landa.
Cae destacar que la desobediencia reiterada a las suspensiones de amparo, en sí mismas representan conductas ilícitas y distintos delitos federales, que han sido cometidos durante la incursión del pasado 29 de junio en la UDLAP, tales como allanamiento, usurpación de funciones y falsedad en informes previos rendidos ante la autoridad judicial.
Igualmente la fabricación de órdenes de aprehensión sin pruebas, patrocinadas desde el Gobierno del Estado de Puebla, demuestran un clima de persecución que tiene la finalidad de inhibir los efectos de la suspensión para recuperar el campus de la Universidad y evitar, a través de las amenazas, la presencia física de las autoridades universitarias en sus instalaciones, lo que representa un conjunto de irregularidades para apropiarse de un patrimonio privado; por lo que además constituye un despojo con tintes de expropiación de facto que amenaza la certidumbre de los poblanos.