Cuando el gobierno en turno inició su gestión administrativa, la esperanza de acabar con la corrupción entusiasmó a gran parte de la población. Con el tiempo los éxitos han sido muy por debajo de las expectativas. Si bien es cierto que unos cuantos -no más de 5 acusados de peculado a la nación- han regresado parte de lo robado, la corrupción avanza y está presente hasta en áreas de gobierno más modestas como en el registro civil. En un documentado análisis de Expok, se señala que según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021, la corrupción en las instituciones de gobierno es un acto recurrente, pues al menos el 86.3% de la población. Con respecto a la prevalencia para cada 100,000 habitantes, el estudio asegura: las personas que creen o han escuchado que existe corrupción en los trámites que realizan representó 61.9%, mientras que para 2019 fue de 62.1%. Además de que los habitantes a los que algún conocido les refirió actos de corrupción en los trámites, en 2019 fue de 44.2% y en 2021 fue de 45.2%. Por último, el porcentaje de personas que a título personal experimentaron corrupción durante un trámite gubernamental, se ubica en 14.7%.
La investigación arroja que el costo derivado de los actos de corrupción en México, por realizar pagos, trámites o solicitudes ascendió a más de 9,400 millones de pesos. Esto equivale a 3,044 pesos por persona. Desglosando este dato por entidad federativa, Quintana Roo es el estado con mayor tasa de víctimas de actos de corrupción, 20.41% por cada 100,000 habitantes, en al menos algún trámite realizado. En segundo lugar se ubica Puebla con 19.58%, y le sigue Baja California con 19.3%. Mientras que las entidades que registraron un índice bajo en actos de corrupción, son: Baja California Sur con 5.2%, Colima con 6.23% y Zacatecas con 8.19%.
Asimismo, el informe señala que en 2021, el contacto con autoridades de seguridad pública fue el trámite con mayores experiencias de corrupción, 65%. Los Ministerios Públicos también encabezan la lista con 24%; permisos relacionados con la propiedad con 22.3%; en cuarto sitio se ubicaron los trámites para abrir una empresa con 21.9%. Este último registro un aumento considerable con respecto a 2019 (7.6%).
Por supuesto, la corrupción continúa siendo uno de los principales obstáculos para el crecimiento del país. Desde el aumento de la violencia a partir de la tolerancia de los grupos armados, hasta el desvío de recursos y fondos en inversiones necesarias para el desarrollo. Como bien lo ha señalado el Índice de Paz México 2022 (IPM). Combatir la corrupción y la ineficiencia empresarial, gubernamental e institucional no solo
reduciría la impunidad y los delitos, sino que también liberaría fondos y recursos para inversiones muy necesarias.
De hecho, el Banco Mundial estima que este problema social representa el 9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Con la falta de una estrategia institucional, integral y nacional para combatir la corrupción, parece que la probabilidad de terminar con el problema de la corrupción es baja.
La corrupción en México llega al 9% del PIB: Banco Mundial.
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