En México ofrece certidumbre laboral a más de 4 millones de empleados.

La subcontratación es una forma lícita de organización de la producción en muchos países, como Alemania, Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia, Portugal, Reino Unido, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Canadá. Y es que esta figura cuenta con múltiples ventajas en materia laboral y económica para la vida de las empresas tanto del sector privado como público. Por ejemplo, la rapidez y la especialización en donde los trabajadores subcontratados cuentan con los
conocimientos técnicos y en su mayoría son mejores que los que están en la organización; certeza jurídica en materia laboral y fiscal; mejora continua a fin de incrementar la productividad, eficiencia y retención, además de disminuir la rotación.
En México, según los expertos, este mecanismo de contratación ha sido regulado desde 2012 y ofrece certidumbre laboral a más de 4 millones de empleados. En 2017 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comenzaron trabajos para prevenir malas prácticas en el ejercicio de la figura del outsourcing, utilizando como principal instrumento regulatorio la Resolución de la Miscelánea Fiscal de ese año.
Las leyes vigentes aplicables (Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del Impuesto sobre la Renta) ofrecen ya un marco de regulación de contratos para el cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales, fiscales y de seguridad social.
Sin embargo, falta fortalecer y coordinar los mecanismos de inspección por parte de las instancias públicas involucradas, expuso el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Y por supuesto, uno de los retos a los que se enfrentan las empresas de subcontratación legal es la competencia desleal por parte de empresas que incumplen los requisitos administrativos y fiscales para la subcontratación de personal.