Empresarios y gobierno, ignoran las etnias brasileñas

La lección que el incendio en la Amazonia arroja al mundo, y en especial a México, es la superposición de las decisiones centrales, esto es, de un gobierno federal sobre lo regional. A través de los medios digitales estamos observando, con angustia, la impotencia de las etnias de Brasil, de los indígenas, totalmente marginadas de las decisiones de gobiernos centralistas. La deforestación, la transformación de zonas selváticas en terrenos para la explotación agrícola y ganadera, la minería y la extracción de petróleos son elementos que en nada han beneficiado a las etnias y si, con mucho, a los grandes empresarios brasileños, coludidos con el gobierno.
En México el desarrollo local también es un tema pendiente, pero ya se está empezando a tener conciencia de la importancia de cuestiones como salud, educación, parque urbano, seguridad pública, ambiente adecuado para el emprendedurismo, el desarrollo de nuevas empresas y empleos bien remunerados en zonas rurales. En México, como en Brasil, la pobreza extrema es, fundamente, rural. Mientras que en las zonas rurales el 16.4% de las personas en situación de pobreza son pobres extremos, en las comunidades urbanas sólo 4.5%. Si bien, en números absolutos y dada la concentración poblacional, el problema parece, solo pareces, concentrarse en el ámbito urbano, pero lo cierto es que ha habido un relajamiento en cuanto a políticas públicas para poblaciones pequeñas.
Y, como en la Amazonia, en México, los recursos naturales – que están en las zonas rurales- son los que proveen de riqueza a las zonas urbanas, pero las decisiones sobre su uso y explotación son tomadas de manera centralizada, en función de los objetivos nacionales y muy poco de los locales. Y como lo señala Consultores Internacionales, el respeto y cuidado de los recursos naturales, las prácticas sustentables en los procesos industriales y de extracción, deben ser prácticas reguladas con este enfoque, de tal manera que se genere certidumbre tanto para las comunidades rurales receptoras de una inversión, como para los inversionistas mismos.