SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- La falta de certeza jurídica –no hay duda- desalienta la inversión nacional y extranjera. Esto es lo que está ocurriendo en la ciudad de San Luis Potosí, donde el alcalde Ricardo Gallardo Juárez se niega a cumplir con el pago de 99 millones de pesos a la empresa Vigue Red Ambiental, de Horacio Guerra Marroquín, concesionaria del servicio de recolección y confinamiento de basura, afirmó Jorge Fernández Treviño, quien preside la Asociación Mexicana de Empresas Ambientales (Amexa).
El problema es que los inversionistas no distinguen entre gobierno local y el estatal, y el nuevo gobernador –más temprano que tarde- estaría enfrentando una situación que perjudicaría la imagen de la entidad. Y es que luego de estar prestando el servicio durante siete años, generar 322 empleos directos y más de 1,200 indirectos, el munícipe se niega a pagar bajo el argumento de que esta deuda es responsabilidad de administraciones
anteriores.
El incumplimiento de Guerra Marroquín más bien parecería una estrategia para eliminar de manera ilegal una concesión vigente que ha venido operando sin problemas y que termina el 2024. Hasta el momento las 600 toneladas de basura que los potosinos generan diariamente se está llevando al tiradero viejo el cual estaba ya clausurado. Así, están quedando al aire libre miles de toneladas de basura que ya se han vuelto un problema de salud pública.
Y es que los desechos sólidos deben de cubrirse para que no se filtren las sustancias tóxicas al subsuelo y tener un sistema de captación de gases. Y en este caso no existe y es que el gobierno municipal no cuenta ni con la infraestructura ni la tecnología para hacer frente al problema. Incluso está violando normas ambientales de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del estado de SLP y la NOM-083-SEMARNAT-2003, al estar tirando la basura al aire libre.
Nadie quiere invertir en San Luis Potosí; la basura se amontona por falta de pago a la empresa concesionaria
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