Nada parece indicar que el gobierno modificará este año su estrategia de austeridad en medio de la profunda recesión que vive México, y el mundo. Está claro que la estrategia fiscal durante la actual administración se ha enfocado en cumplir las metas fiscales y evitar un endeudamiento adicional (la deuda neta se situó en el 44.8% del PIB en 2019, una disminución marginal respecto al 44.9% registrado en 2018). Sin embargo, los ingresos han estado cayendo (- 4.9% anual en enero-octubre de 2020), sin que se implementen cambios significativos en el régimen fiscal; la principal acción para mitigar la caída de los ingresos se ha centrado en los grandes contribuyentes. En cuanto a la estrategia de gasto del gobierno, las prioridades han sido tres: programas sociales (la mayoría de los cuales carecen de transparencia, y al parecer sus resultados no se están evaluando rigurosamente), proyectos insignia (con viabilidad financiera cuestionable, en el mejor de los casos, en nuestra opinión), y subsidios e inyecciones de capital a Pemex. Excluyendo estos rubros, l a austeridad ha sido el nombre del juego, y la mayoría de los demás conceptos parecen prescindibles y por lo tanto sujetos a recortes de considerarse necesario.
Esta política fiscal no ha cambiado incluso en medio de la recesión más profunda de las últimas ocho décadas. En particular, al igual que en 2019, el faltante de ingresos en 2020 resultante, tanto de la caída de la recaudación de impuestos dada la creciente holgura económica, como de una producción de petróleo inferior a la proyectada, se ha compensado con recursos de los fondos y fideicomisos y recortes de gasto ─incluidos algunos en el sistema de salud mientras la pandemia continúa debilitando la economía─. El apoyo fiscal para mitigar los efectos en la actividad de la crisis sanitaria asciende a solo 0.7% del PIB, lejos de lo observado en otras economías, y su contribución neta a la actividad puede incluso ser casi nula considerando el subejercicio de gasto observado. En este sentido, estimamos el balance primario en equilibrio (equivalente a 0.0% del PIB). Para 2021, estimamos que la postura fiscal se mantenga prácticamente sin cambios, lo que significaría riesgos crecientes para la sustentabilidad de las finanzas públicas dado el agotamiento de las fuentes de ingresos extraordinarios y el deterioro de las empresas productivas del Estado, lo anterior en detrimento de las finanzas públicas. El gasto total presupuestado para 2021 se proyecta en el 25% del PIB, un aumento anual de 0.1%;
Más contracción del gasto en proyectos de infraestructura
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