Mientras en el pasado la diferencia entre país desarrollado y en vías de desarrollo se medía con parámetros socioeconómicos, hoy en día son los avances en las telecomunicaciones y los servicios digitales, lo que marca la diferencia entre un país desarrollado y uno en vías de desarrollo. Y lamentablemente, México sigue estando abajo del nivel de mercado que un país requiere para considerarse desarrollado, parámetro que está perfectamente identificado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuando dio a conocer su análisis “Estimation of Loss in Consumer Surplus Resulting from Excessive Pricing of Telecommunication Services in Mexico”, en 2012.
En el más reciente análisis que realiza The Competitive Intelligence Unit S.C, México no alcanza aún el camino hacia la competencia efectiva, la conectividad universal y condiciones óptimas en cobertura, calidad y precios de los servicios en telecomunicaciones, y concretamente en los adelantos en materia de digitalización.
Y ¿cuáles son los factores que nos alejan de ese añorado desarrollo de primer mundo: “una Reforma Constitucional, la conformación de nuevos órganos sectoriales, la incursión de nuevos operadores en diversos mercados, la ejecución de recursos de inversión para el despliegue de infraestructura, la reducción de precios de los servicios de telecomunicaciones para los usuarios; así como la eliminación de la larga distancia y roaming nacional.
Por supuesto, gracias a las reformas de telecomunicaciones impulsadas por la SCT, los avances en la materia son sólidos, pero insuficientes. Por ejemplo, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) elaborado por el INEGI, de diciembre del 2009, último dato que consideró el estudio de la OCDE, al tercer trimestre de 2016, los precios de los servicios de telefonía móvil han disminuido al menos 58.0 por ciento, los de telefonía fija 12.3 por ciento y los de internet 12.6 por ciento. En el mismo periodo, las líneas móviles han aumentado 32.6 por ciento, las fijas se han reducido 2.1 por ciento y las conexiones de internet de banda ancha han incrementado 92.4 por ciento.
Pero aún falta por hacer varias cosas: enfatizar la aplicación y garantizar la efectividad de las medidas de regulación asimétrica impuestas al operador preponderante, prevenir e impedir la creación de nuevas ventajas competitivas para este mismo agente económico, así como eliminar impuestos especiales (IEPS) que impidan el consumo de telecomunicaciones y que atentan contra la Constitución al gravar el acceso a servicios declarados como derecho fundamental de los mexicanos.
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