En la miscelánea fiscal del 2013 se incluyó un impuesto de un peso para las bebidas saborizadas con azúcares añadidos, con la intención –se dijo entonces- de reducir su demanda y a través de ello abatir los índices de obesidad y diabetes de la población mexicana, según se explicó en ese momento.
Se suponía que el impuesto, al encarecer el precio de estas bebidas, desincentivaría el consumo y se lograría, además, un pequeño fondo para financiar proyectos de salud pública, como la instalación de bebederos en escuelas públicas.
De hecho, el impuesto sí sirvió para recaudar fondos, pero muchos más que los que supondría una disminución del consumo, como se desprende de las cifras dadas a conocer por la propia Secretaría de Hacienda. Y es que si al imponer el gravamen se había previsto recaudar 12,445 millones de pesos en el año 2014, en realidad se recaudaron 18,279 millones de pesos., es decir, casi 50 por ciento más de lo esperado.
Además, según el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, hasta abril la recaudación por este concepto ya había rebasado los 6,400 millones de pesos, lo que sugiere que al final del año incluso se habrán recaudado más impuestos por este concepto que en el 2014.
Estas cifras muestran que el impuesto fue un rotundo éxito… para recaudar, pero no para lograr una disminución del consumo. Parece, pues, que en esta medida hay algunas deficiencias, según lo reconoce el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
En contraparte, la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA) que es una conjunción de organizaciones no gubernamentales, en una conferencia de prensa del 16 de junio pasado, festina el éxito de la medida basándose en un estudio que dicen que hizo la Universidad de Carolina del Norte y el Instituto Nacional de Salud Pública, estudio que no está disponible para consulta ni se conoce su metodología.
ASA asegura que el precio se incrementó 10 por ciento, que las compras se redujeron en 6 por ciento y que el agua embotellada aumentó sus ventas 4 por ciento. Las cifras que arroja el estudio, sin embargo, no son congruentes con las que posee la industria que vende estos productos, pues el precio en realidad creció más del 15 por ciento, pero el consumo en 2014 sólo se redujo 2.5 por ciento, mientras que la venta de agua embotellada no subió más del 2.3 por ciento (incluso por debajo de años anteriores).
En conclusión, lo único que sabemos es que el impuesto no logró su objetivo y sí tuvo un efecto adverso para los mexicanos, pues el gasto familiar tuvo que adecuarse a los incrementos y reducir la compra de otros productos para compensar el aumento.
Deja un comentario