Llamada de atención a desarrolladores inmobiliarios

Los desarrolladores inmobiliarios y en general los constructores, tendrán que cumplir, ahora sí, con las respectivas leyes ambientales, pues su incumplimiento puede acarrearles multas millonarias, suspensión temporal o definitiva de proyectos, la revocación de autorizaciones o concesiones e incluso la privación de su libertad. Juan Carlos Aguirre, experto del área Ambiental, Cambio Climático e Impacto Social de la firma Santamarina y Steta, señaló que “las obras y actividades que puedan ocasionar impactos ambientales significativos deben presentar una manifestación de impacto ambiental y, en los casos en que éstas impliquen el manejo de sustancias altamente riesgosas, además se deberá presentar un estudio de riesgo ambiental, un programa de prevención de accidentes, así como garantías financieras. Todo ello, a fin de prevenir, mitigar y, en su caso, compensar los impactos ambientales que pudiesen generarse”.
Todas las obras de construcción deben cumplir con las leyes ambientales, pero especialmente la construcción de gasoductos, plantas de tratamiento de residuos peligrosos, plantas desaladoras, cambios de uso de suelo forestal, obras que afecten ecosistemas costeros y la industria cementera, entre otras. “Cuando las autoridades nos otorgan una autorización ambiental, generalmente imponen términos y ciertas condicionantes, para que esos impactos ambientales puedan prevenirse, mitigarse o compensarse. Es importante dar cumplimiento a todas esas medidas, junto con los estudios ambientales y programas de vigilancia ambiental. La falta de un estudio o cumplimiento de alguno de estos términos, aunque se tengan los demás permisos y autorizaciones, puede representar un riesgo para el desarrollo de todo el proyecto” advirtió.
El especialista aclaró que hay que tomar en consideración ciertas infracciones recurrentes a las regulaciones ambientales, las cuales están previstas tanto en convenios internacionales como en legislación federal y estatal cada vez más compleja y sofisticada. Entre ellas, destaca la remoción de vegetación forestal previo a la adquisición de predios, así como no contar con una consulta y/o evaluación del impacto social; no reportar emisiones contaminantes a la atmósfera, o rebasar los límites máximos permisibles establecidos. Asimismo, no contar con concesiones para uso y aprovechamiento de aguas nacionales o permisos de descargas de aguas residuales, el manejo indebido de residuos o no contar con concesiones para el uso de zona federal marítimo terrestre, representan incumplimientos frecuentes a la legislación ambiental vigente en México.