En este gobierno se está haciendo un serio esfuerzo por mejorar el abastecimiento de medicinas, pero considerar cancelar los contratos celebrados a inicio del sexenio redundaría en acortar a sólo seis meses el abasto nacional, lo que genera una innecesaria preocupación en el sector ante la posibilidad de caer en desabasto y la falta de programación adecuada para cumplir con los contratos futuros en tiempo y forma.
Además, realizar las compras de medicamento a otros países, no sólo fractura la cordialidad con los proveedores mexicanos, sino que pone en riesgo la calidad del sistema de salud. La industria de distribución de medicamentos paga impuestos en México, emplea a mexicanos, y desea que los recursos que genera se queden en el país. Implementar ese modelo implicaría que la industria internacional estableciera registros que ahora no tiene añadiendo proveedores que no garantizan la capacidad de producción para el mercado mexicano, aunado a la posible apertura a abastecedores procedentes de países como China e India, en donde la calidad es tan precaria que se encuentran entre las tres naciones en el mundo con más clonación de producto. Esto podría poner en grave riesgo la salud de los pacientes. Tan sólo en 2018, murieron 700 mil personas en el mundo por consumir productos ilegales, según datos de la OMS.
Lamentablemente, como en muchos otros sectores, existen seudo empresas sexenales, sobre todo a nivel local, que se ostentan como distribuidoras que han demeritado a la industria, ya que no cuentan con experiencia, infraestructura, capacidad financiera, ni apoyo y reconocimiento de los laboratorios fabricantes, propiciando con ello una alteración en el mercado y una injustificada elevación de precios es ahí donde como sector, de la mano con el gobierno federal, debemos actuar para eliminar las malas prácticas y ser así un mejor país.
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