De “poco realista”, califican el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025.

El enfoque -dicen- está basado en proyecciones optimistas que no coinciden con las estimaciones de otras instituciones, nos dice Consultores Internacionales, y agrega: de no cumplirse estas proyecciones, podrían comprometer la sostenibilidad fiscal y limitar el desarrollo del país. El optimismo plasmado en el presupuesto parece ser una forma de justificar la obtención de los recursos necesarios para ejecutar gastos que se dirigirán primordialmente a los programas sociales, tanto actuales como nuevos. Aunque se han presentado programas orientados a proyectos en transporte, vivienda y transición energética, el análisis detallado del presupuesto muestra decisiones que priorizan el gasto no productivo sobre la inversión sostenible, ante la ausencia de una reforma fiscal estructural.
La Iniciativa de Ley de Ingresos proyecta un crecimiento del PIB del 2.5% y un tipo de cambio promedio de 18.50 pesos por dólar. Estas cifras difieren significativamente de las expectativas de organismos internacionales como el Banco Mundial y la OCDE, que estiman un crecimiento más modesto en el rango de 1.2% a 1.4%, con un tipo de cambio más cercano a los 20 pesos por dólar. Esto implica que el gobierno está sobreestimando ingresos, subestimando los costos de importaciones e ignorando la volatilidad cambiaria, factores que podrían impactar negativamente el balance fiscal.
Por otro lado, se estima un precio del petróleo de 57.8 dólares por barril, lo que representa una reducción del 18.2% respecto a 2024; sin embargo, los precios del petróleo estimados por instituciones como el Banco Mundial son superiores, rondando los 60 dólares por barril y podrían aumentar ante la posible escalada en las tensiones geopolíticas. Esta tradicional subestimación parece ser una estrategia para limitar las expectativas de inversión en el sector energético y en caso de ingresar mayores flujos, justificar ajustes en otros proyectos y crear un colchón de ingresos.
El análisis del PEF 2025 revela un ajuste real del gasto público del -3.3%, concentrado en el gasto programable, que disminuye un -7.3%. Esto afecta directamente áreas críticas como la infraestructura, que sufre un recorte del -12.7%, limitando su capacidad para impulsar el crecimiento a largo plazo. Asimismo, se confirma que este recorte podría contribuir a la pauperización de las estructuras de gobierno. En contraste, el gasto no programable, impulsado por el costo financiero de la deuda, aumenta en un 8.5%, alcanzando 1.39 billones de pesos (equivalente al techo de endeudamiento solicitado), absorbiendo recursos que podrían destinarse a políticas de desarrollo y evidenciando las dificultades existentes en la flexibilidad presupuestaria debido a la deuda.
Además, más del 60% del gasto programable se destina a programas sociales como la pensión para adultos mayores, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Aunque estas políticas refuerzan el enfoque asistencialista del gobierno, su impacto en el desarrollo y la generación de ingresos sostenibles sigue siendo limitado. Por otro lado, los proyectos prioritarios de infraestructura —que incluyen trenes aún no terminados y nuevos anuncios— recibirán 189 mil millones de pesos, una cifra que no compensa los recortes en otras áreas estratégicas. En materia de organismos autónomos, se observa algo que contradice inicialmente su eliminación: reciben en promedio un 4% más de presupuesto; esto podría estar relacionado con planes para redistribuir esos presupuestos tras su extinción.