Angustia a empresarios mexicanos incremento de estafas bancarias.

Brasil y México son los principales objetivos de los ciberdelincuentes, pero en realidad toda la región corre peligro debido a una conjunción de circunstancias donde el hilo conductor es la digitalización. Latinoamérica cerró 2023 con una tasa de penetración de Internet de 80.5%, esto es, 12.6% más que la cifra global y sólo por detrás de Europa y América del Norte. Conforme avanza la inclusión digital en la región, las oportunidades de los estafadores también aumentan. Gracias al Internet, tienen nuevas maneras de cometer sus delitos las 24 horas del día, de forma automatizada, anónima y a gran escala. A la par, ha sido notoria su creatividad para tomar ventaja de tecnologías como la inteligencia artificial (IA), para crear chatbots maliciosos y virus codificados y personalizados; falsificar imágenes, voz y video, y más.
Al respecto José Augusto Gabizo, presidente de FICO en AL y el Caribe, nos dice que en el escenario también está Pix (la plataforma de pagos instantáneos creada por el Banco Central de Brasil). Su gran éxito ha provocado el interés por replicar algo similar en otros países de la región, en busca de una mayor inclusión financiera. En México está DiMo (Dinero Móvil), que consiste en transacciones P2P basadas en números de teléfono. Con todo, la experiencia de países como Brasil y Reino Unido nos deja ver que, conforme aumente la adopción de este método de pago, así como la de los pagos en tiempo real (RTP), se puede esperar un número aún mayor de intentos de estafa. Por supuesto, también está el creciente interés por las criptomonedas, que abre la puerta a un nuevo método de pago que aumenta más peligros.
Para FICO, compañía global de software analítico y líder reconocida en plataformas para toma de decisiones con IA, la mayoría de los usuarios de servicios bancarios en Latinoamérica están claros de que el riesgo de ser estafados les acecha en todo momento. Según una encuesta realizada por esta empresa, el 59% de los mexicanos dicen que familiares o amigos han sido víctimas de estafas bancarias, y el 63% han recibido mensajes de texto, emails, llamadas telefónicas u otros acercamientos no solicitados que consideraron parte de una estafa. Colombia incluso supera estas cifras, al alcanzar 65% y 73%, respectivamente, de las respuestas en los mismos temas; de hecho, este país fue el que más estafas relacionadas con criptomonedas sufrió el año pasado, en comparación con el resto de LATAM. En Perú, por citar otro ejemplo, un 56% de la población afirma tener familiares o amigos que han sido estafados, mientras que 3 de cada 4 peruanos (76%) recibieron algún tipo de contacto que vieron como intento de estafa.
México, Colombia y Perú tienen otro tema en común por resolver, aparte de las amenazas por estafas: la carencia de regulaciones y cualquier marco que permita conformar un frente contra éstas. Y eso es apenas parte de un problema más profundo. Varios países de la región no consideran siquiera al cibercrimen en general: según el Índice de Ciberseguridad Global de la UIT, 17 países latinoamericanos no tienen todavía una estrategia nacional en relación con este tema, y 28 no brindan incentivos para la mejora de seguridad cibernética de la iniciativa privada.
Países como Australia, Reino Unido y Singapur están abordando el problema, desarrollando enfoques regulatorios que se adaptan a las necesidades de su población y a sus sistemas financieros específicos. Eventualmente, América Latina tendrá que hacer lo propio. Urge.